“Un funcionario de carrera administrativa fue desvinculado de manera irregular por un acto administrativo sin el debido proceso. La firma Ávila & Martínez asumió la defensa, agotando los recursos administrativos y acudiendo a la jurisdicción contenciosa.”

Resultado: Se logró la nulidad del acto de desvinculación, el reintegro al cargo y el pago retroactivo de salarios y prestaciones sociales por más de 18 meses.

Impacto: Este caso consolidó nuestra experiencia en defensa de derechos laborales dentro del régimen público, reafirmando nuestra capacidad en litigios de Derecho Administrativo con enfoque humano y estratégico.

“Un gerente de entidad descentralizada fue vinculado por la Contraloría a un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial. Nuestra firma asumió el caso y construyó una defensa basada en la inexistencia del nexo causal entre su gestión y el presunto daño.”

Resultado: El proceso fue archivado por inexistencia de responsabilidad fiscal, y el nombre del cliente fue retirado del Boletín de Responsables Fiscales.

Impacto: Este logro refleja la solidez de nuestros argumentos y la comprensión profunda del régimen de control fiscal, posicionándonos como aliados estratégicos en la defensa del patrimonio público y privado.

“Un colegio público rural fue objeto de investigación por parte de la Procuraduría y la Contraloría por supuestas irregularidades en la contratación de transporte escolar y adquisición de material pedagógico. La firma Ávila & Martínez fue contratada para asumir la defensa institucional y el acompañamiento al rector y funcionarios implicados..”

Resultado: Se logró demostrar que los procesos contractuales cumplían con los principios de transparencia y necesidad del servicio. La Procuraduría archivó la investigación por inexistencia de falta disciplinaria, y la Contraloría declaró la inexistencia de responsabilidad fiscal.

Impacto: Este caso fortaleció nuestra experiencia en la defensa del sector educativo público, protegiendo la integridad institucional, evitando sanciones injustas y garantizando la continuidad del servicio educativo a comunidades vulnerables.